La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), entidad adscrita al Ministerio de Hacienda encargada de prevenir y detectar lavado de activos y financiación del terrorismo, emitió un comunicado rechazando la inclusión del presidente Gustavo Petro, de la primera dama Verónica Alcocer, del ministro Armando Benedetti y de Nicolás Petro en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), popularmente llamada “Lista Clinton”. La UIAF calificó la medida como violatoria del debido proceso y afirmó que ella no ha recibido Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) que vinculen a esas personas con delitos de lavado o financiación ilícita.

La entidad añadió que tampoco ha recibido requerimientos formales por parte de autoridades nacionales (Fiscalía, Corte Suprema) u organismos internacionales que le hayan solicitado elaborar informes de inteligencia financiera sobre el presidente, la primera dama o Nicolás Petro. En el caso puntual de Nicolás Petro Burgos, la UIAF comunicó que realizó búsquedas en sus bases y no halló indicios que conecten al joven con actividades relacionadas al narcotráfico.

Esta reacción ocurre después del anuncio del Departamento del Tesoro de Estados Unidos la OFAC, que, el 24 de octubre, incluyó a Petro y a los otros señalados en su lista de personas sujetas a sanciones por presuntos vínculos con el narcotráfico y organizaciones criminales. Esa inclusión implica riesgos prácticos: posibles congelamientos de activos, restricciones a operar en el sistema financiero internacional y efectos diplomáticos entre Washington y Bogotá. El Gobierno colombiano, incluida la Cancillería, ya rechazó la medida y la consideró una actuación unilateral que afecta las relaciones bilaterales.

La UIAF defendió además los resultados y cifras de su gestión en la lucha contra el lavado de activos durante la presente administración, y subrayó que Colombia continúa vinculada a redes internacionales de cooperación como el Grupo Egmont para el intercambio de inteligencia financiera. Por ello calificó la inclusión en la lista como una acción con fundamento político más que técnico, según su comunicado.

Qué implicaciones prácticas y legales tiene esto:

• Operativa financiera: la inclusión en la OFAC puede complicar transacciones en dólares y el acceso a corresponsalías bancarias para las personas afectadas, aunque la materialización de sanciones y congelamientos depende de pasos administrativos adicionales por parte de EE. UU. y bancos corresponsales.
• Cooperación internacional: la UIAF asegura que no ha recibido solicitudes formales de investigación; si llegaran, la unidad podría iniciar informes de inteligencia financiera, exportables a autoridades competentes, siempre ajustada a procedimientos y garantías legales.
• Diplomacia y política interna: la medida ya provocó una respuesta oficial de Bogotá y reforzó la tensión política con Washington; es probable que se intensifiquen gestiones diplomáticas y recursos legales por parte del gobierno colombiano.