La discusión del proyecto de reforma a la salud impulsado por el Gobierno se estancó este martes en la Comisión Séptima del Senado, que aprobó una proposición para suspender indefinidamente el trámite hasta que el Ejecutivo presente fuentes de financiación claras y verificables para su implementación. La votación terminó ajustada: 7 a 6 a favor del aplazamiento.

La proposición la radicó la senadora Nadia Blel (Partido Conservador), quien defendió la decisión como una medida responsable ante la ausencia de un aval fiscal que detalle cuánto costará realmente desplegar el nuevo modelo de salud. Blel sostuvo que no se puede avanzar en una reforma sin conocer el impacto presupuestal y aseguró que el país aún no tiene garantizados los recursos necesarios.

¿Por qué se frenó la reforma? En lo práctico, la Comisión argumentó que el Presupuesto General de la Nación 2026 no incorpora todas las partidas necesarias, y que falta tramitar la reforma tributaria que el Gobierno plantea como la principal fuente para cubrir ese vacío, estimado en torno a 16 billones de pesos, por lo que avanzar en el texto sería, según los senadores que votaron la proposición, irresponsable desde el punto de vista fiscal.

La reacción del Ejecutivo no se hizo esperar: el Ministerio de Salud calificó la decisión como inoperante y criticó que la Comisión Séptima haya vuelto a detener el trámite, mientras ministros del Gobierno exigieron que la discusión se mantenga para garantizar transformaciones en el sistema de salud. En cambio, la oposición y algunos senadores que apoyaron el aplazamiento insistieron en priorizar el rigor fiscal antes que aprobar cambios sin respaldo presupuestal.

¿Qué sigue?

• El debate permanecerá suspendido hasta que el Gobierno entregue cifras y una ruta de financiación verificable (por ejemplo, la radicación y avance de la reforma tributaria o fuentes alternativas).
• Políticamente, la medida deja la reforma en el limbo y abre la puerta a que la administración busque negociar recursos o a que la oposición mantenga su estrategia para bloquearla; también aumenta la probabilidad de que el Ejecutivo intente otras vías (negociación política, decretos o incluso una consulta popular) si el bloqueo persiste.