El Tribunal Superior de Bogotá declaró hoy la absolución del expresidente Álvaro Uribe Vélez en la segunda instancia del proceso por soborno en actuación penal y fraude procesal, revocando así la condena de 12 años de prisión domiciliaria que le impuso la juez de primera instancia en julio de 2025. La Sala de la instancia consideró que la sentencia inicial adoleció de errores en la valoración de la prueba y que no se acreditó de manera directa la participación de Uribe en la instrucción para que se modificaran testimonios.
Qué examinó el Tribunal: los magistrados pusieron bajo lupa las pruebas técnicas y las interceptaciones relacionadas con los pagos y las retractaciones de testigos (casos como los de Juan Guillermo Monsalve y otros), determinaron deficiencias en la fundamentación de la condena y, por tanto, absolvieron al exmandatario en varios de los hechos por los que había sido sentenciado en primera instancia. Parte de la discusión giró en torno a si hubo o no vínculo directo entre las decisiones de colaboradores (como el abogado Diego Cadena) y una orden o conocimiento efectivo de Uribe.
Implicaciones procesales inmediatas: la decisión del Tribunal no es necesariamente el fin del caso. La Fiscalía o las víctimas pueden impugnar el fallo y llevar recursos ante la Corte Suprema de Justicia (Sala de Casación Penal), que sería la última instancia en Colombia para revisar la decisión de segunda instancia. Es decir, la vía judicial sigue abierta y el pronunciamiento del Tribunal marca un paso decisivo pero no irreversible.
Reacciones políticas y sociales: la absolución tendrá impacto político inmediato, Uribe es una figura central de la derecha colombiana y su situación judicial ha polarizado al país durante años, y generó respuestas encontradas: por un lado, celebración entre sus seguidores y argumentos de insuficiencia probatoria; por otro, reacción crítica de víctimas y sectores que consideran que la decisión no zanja las dudas sobre vínculos entre políticos y prácticas de manipulación de testigos. También reaviva debates sobre el papel del sistema judicial en casos de alta carga política.
Qué sigue: si la Fiscalía apela ante la Corte Suprema, ese tribunal podría confirmar la absolución, revocarla o enviar la causa a un nuevo examen; mientras tanto, políticamente Uribe recupera margen para sus gestiones públicas y electorales, aunque la controversia judicial seguirá siendo un elemento de la agenda nacional.
