Una operación policial a gran escala contra el Comando Vermelho (CV), la facción criminal con mayor expansión territorial en el estado de Río de Janeiro, terminó en enfrentamientos masivos que, según reportes oficiales y de prensa, causaron al menos decenas de muertos, más de 80 detenidos y la incautación de decenas de armas. El operativo, que movilizó alrededor de 2.500 agentes y se concentró en los complejos de Alemão y Penha, se convirtió en la jornada más letal de este tipo en la ciudad y dejó escenas de violencia con barricadas, ataques desde azoteas y el uso incluso de drones por parte de los grupos armados.
La acción, presentada por las autoridades como un intento de ejecutar múltiples órdenes de captura y frenar la expansión del CV, derivó en enfrentamientos intensos durante horas, con miembros de la banda montando barricadas, lanzando artefactos y atacando a las fuerzas con fusiles y, según algunas fuentes, con drones que arrojaron explosivos. La policía respondió con gran despliegue (helicópteros, blindados, unidades especiales) y anunció la incautación de centenares de armas y droga. El saldo oficial y la cifra de víctimas han sido motivo de controversia y de llamados a investigar posibles ejecuciones extrajudiciales y el uso excesivo de la fuerza.
Quién es Comando Vermelho
El Comando Vermelho nació en las cárceles de Río en las décadas de 1970–80 y desde entonces se transformó en una de las organizaciones criminales más influyentes de Brasil. En los últimos años recuperó y amplió territorio en la región metropolitana de Río, desplazando o compitiendo con otras milicias y bandas por control de rutas del narcotráfico y de economías ilícitas locales. Su estructura combina jefes locales, células armadas y vínculos con redes que operan dentro y fuera del país.
Reacciones y consecuencias inmediatas
· Instituciones internacionales y ONG pidieron investigaciones: Naciones Unidas y Human Rights Watch exigieron verificación independiente por el alto número de muertos y llamaron a proteger a la población civil.
· Gobierno local defendió la operación como necesaria para recuperar territorios controlados por el crimen y calificó la respuesta de “guerra contra el narco”; sectores críticos la condenaron por su carácter tremendista y por poner en riesgo a comunidades ya vulnerables.
· Impacto social: escuelas cerradas, transporte paralizado y vecinos encerrados en sus casas; el episodio reavivó el debate sobre militarización de la seguridad y la eficacia de las políticas públicas en las favelas.
