El exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, anunció que se retira de la consulta interna del Pacto Histórico programada para el 26 de octubre, afirmando que la transformación del proceso, de partidista a interpartidista, habría alterado las condiciones pactadas originalmente con el Consejo Nacional Electoral (CNE).

La directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), Alejandra Barrios, advirtió que, de acuerdo con la ley electoral vigente, esa renuncia podría generar efectos legales que le impidan a Quintero buscar aval o inscribirse como candidato presidencial bajo la coalición del Pacto Histórico, ni siquiera como independiente o por otra organización política.

Barrios explicó que el proceso de la consulta implicaba compromisos legales entre los partidos que conforman la coalición: Unión Patriótica (UP), Polo Democrático Alternativo y Partido Comunista. En virtud de la Ley 1475 de 2011, quien se retira de la consulta debe respetar el resultado final y no podrá postular por otra ruta.

El cambio en las reglas, según Quintero, consistió en que el CNE habría convertido la consulta pactada como un proceso partidista en uno interpartidista, lo cual alteraría las garantías jurídicas originales que él considera esenciales para mantener su participación futura en la consulta programada para marzo de 2026.

Tras su retiro, Iván Cepeda y Carolina Corcho confirmaron que permanecen en la contienda. Cepeda anunció que solicitará al CNE una certificación por escrito que garantice que la consulta del 26 de octubre sea considerada como partidista y que el ganador no quede inhabilitado para la consulta interpartidista de marzo.

Además, se han abierto interpretaciones jurídicas sobre posibles sanciones. Una de las posibilidades es que los partidos involucrados deban asumir pérdidas económicas por la impresión de material electoral ya producido, si se determina que ese retiro provocó detrimento patrimonial. Sin embargo, esas sanciones se aplicarían a los partidos o coaliciones, no necesariamente al precandidato.