El Ministerio de Defensa Nacional de Colombia ha elevado su ofensiva contra el uso ilícito de aeronaves no tripuladas (drones) por parte de grupos criminales, anunciando una recompensa de hasta 100 millones de pesos para quienes suministren información que permita la ubicación, identificación y captura de personas o redes dedicadas a la operación o comercialización de estos dispositivos con fines delictivos o terroristas.

La cartera de Defensa argumenta que la utilización de esta tecnología para actividades criminales, como la vigilancia ilegal, el transporte de drogas, el lanzamiento de artefactos explosivos y la interferencia en operaciones de seguridad, "representa una amenaza directa a la vida, la integridad ciudadana y la seguridad nacional".

Este anuncio se produce a pocos días de la activación del primer Batallón Antidrones del Ejército Nacional, una nueva unidad especializada diseñada para fortalecer la capacidad de respuesta del Estado frente a esta creciente amenaza tecnológica.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, fue enfático al señalar que "ningún dispositivo tecnológico puede estar al servicio del crimen. Quien use o comercialice drones con fines ilegales enfrentará la justicia y la acción legítima del Estado”.

Según las autoridades, estructuras criminales como las disidencias de alias 'Iván Mordisco' y 'Calarcá', el ELN y el Clan del Golfo son las principales responsables de emplear drones para ejecutar ataques con explosivos contra unidades militares y policiales, así como para otras acciones que afectan la seguridad y el orden público.

El ministro Sánchez destacó que Colombia ya cuenta con una política integral de control y regulación de drones, en la que participan activamente la Fuerza Aérea Colombiana, la Policía Nacional, la Aeronáutica Civil y las autoridades judiciales. Esta política busca prevenir el uso indebido de los equipos y fortalecer su trazabilidad.

El Ministerio de Defensa hace un llamado a la ciudadanía para colaborar con esta estrategia, garantizando la absoluta reserva de la identidad de los denunciantes. La información puede ser suministrada a través de la línea 107 contra el terrorismo.