La Cámara de Representantes remitió recientemente a la Corte Constitucional las actas de las sesiones del 27 y 28 de junio que buscan subsanar el vicio de procedimiento detectado en el trámite de la reforma pensional. Estas actas han avivado el debate jurídico, pues los críticos argumentan que el debate inicial fue aprobado con quórum deliberatorio, no el quórum decisorio exigido para votaciones legislativas.

El magistrado ponente Jorge Enrique Ibáñez ya activó el estudio del proyecto, notificando a los actores implicados, como la senadora Paloma Valencia y el Procurador General, para que presenten conceptos y observaciones.

La Corte deberá determinar si las irregularidades alegadas, sobre aprobación del orden del día, tipo de quórum usado y legitimidad de las actas, constituyen vicios constitucionales que invaliden todo el proceso.

En su defensa, el presidente de la Cámara, Julián López, sostiene que las actas fueron aprobadas conforme al reglamento, el acta del 28 de junio con quórum decisorio y la del 27 con el deliberatorio necesario para aprobación del orden del día, y que esas decisiones corresponden al reflejo legítimo de lo actuado por los legisladores.

La oposición, en cambio, denuncia que ese procedimiento viciado podría llevar al hundimiento del proyecto por no cumplir los requisitos legales establecidos.

El futuro de la Ley 2381 de 2024, que reforma el sistema pensional, quedará en manos de la Corte Constitucional. Si el tribunal encuentra que los errores no fueron subsanados, la iniciativa podría ser declarada inexequible, incluso después de su aprobación en el Congreso.