Una reciente deportación masiva de 603 ciudadanos colombianos desde Ecuador ha generado una fuerte controversia diplomática entre ambos países, provocando el rechazo y la "más enérgica protesta" del gobierno colombiano. La medida, calificada como "unilateral" por Colombia, involucró la salida de los connacionales, la mayoría privados de libertad en Ecuador, a través del Puente Internacional de Rumichaca en Nariño, sin que mediara, según Bogotá, un proceso administrativo formal.
Esta situación generó una congestión significativa en el paso fronterizo, lo que llevó a la activación de un protocolo especial de contingencia por parte de Migración Colombia, la Cancillería, la Fiscalía, la Fuerza Pública y la Secretaría de Gobierno de Ipiales.
La Cancillería colombiana, liderada por Rosa Yolanda Villavicencio, quien se desplazó a Rumichaca para supervisar el ingreso, ha manifestado que Ecuador desatendió las reiteradas solicitudes para establecer un protocolo que permitiera un traslado ordenado y la plena identificación de los deportados y su situación jurídica. Además, se denunció la falta de coordinación previa por parte de las autoridades ecuatorianas con las oficinas consulares de Colombia.
El presidente Gustavo Petro expresó su descontento en la red social X, afirmando: "Ecuador nos responde con desdén, no está bien". Por su parte, el Gobierno de Ecuador, bajo la administración de Daniel Noboa, ha negado estar realizando deportaciones masivas de forma ilegal, defendiendo que todo el proceso cumple con la ley, el derecho internacional y los estándares de derechos humanos. "Ecuador rechaza, por lo tanto, la afirmación de una supuesta deportación colectiva", señaló la institución ecuatoriana, asegurando haber notificado oficialmente al Consulado de Colombia en Quito desde el 8 de julio sobre los procesos.
Además, Noboa ha reconocido públicamente que las prisiones de Ecuador enfrentan graves problemas de saturación y la operación de grupos delictivos, y ha insistido en su intención de retomar el control de estas instalaciones.
Esta situación subraya la complejidad de la gestión de la población carcelaria y las tensiones diplomáticas que pueden surgir de decisiones unilaterales en materia migratoria y judicial.
