La Contraloría General de la República ha emitido una contundente alerta sobre el riesgo de incumplimiento en el nuevo modelo de producción, personalización, custodia y distribución de pasaportes en Colombia. Según el organismo de control, de no tomarse medidas extraordinarias, la prestación de este servicio público fundamental podría verse seriamente afectada a partir de septiembre de 2025, comprometiendo la libertad de tránsito de los ciudadanos.
La preocupación central de la Contraloría radica en la falta de claridad y planeación en la implementación del nuevo modelo, el cual involucra al Ministerio de Relaciones Exteriores, el Fondo Rotatorio y la Imprenta Nacional de Colombia (INC). Aunque el pasado 18 de julio se firmó un convenio entre la INC y el Fondo Rotatorio con el objetivo de que la Imprenta asuma la producción de pasaportes, el ente de control subraya que no se ha definido quiénes serán los aliados estratégicos para ejecutar esta tarea.
La Contraloría también reveló que, según reuniones recientes con la Imprenta Nacional, incluso con el convenio interadministrativo firmado, esta entidad necesitaría entre 7 y 8 meses mínimo de alistamiento para iniciar la producción de pasaportes. Esta realidad, sumada a la cercanía del vencimiento del contrato con la empresa Thomas Greg & Sons (encargada históricamente de esta función), refuerza la advertencia del ente de control sobre la falta de garantías para la continuidad del servicio.
A pesar de estos plazos decisivo, no se han registrado contratos por parte de la Imprenta Nacional como ejecutora del nuevo modelo, ni por el Ministerio de Relaciones Exteriores como responsable final de la expedición. Esta situación, según la Contraloría, pone en "evidente riesgo el cumplimiento de dicha obligación de Estado".
Además, se ha puesto la lupa en las conversaciones para un posible convenio con el Gobierno de Portugal para la expedición de pasaportes. Aunque se exploró esta opción, el organismo de control indica que los compromisos del Memorando de Entendimiento se están modificando, generando incertidumbre jurídica y sin superar la situación de riesgo.
En vista de este panorama crítico, la Contraloría ha solicitado a las entidades involucradas a adoptar acciones urgentes para mitigar los riesgos identificados, evitar la afectación al servicio público y evitar las graves implicaciones sociales que podrían derivarse de una interrupción en la expedición de pasaportes.
