En un mensaje contundente dirigido a más de 180 mil integrantes del Ejército Nacional, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, ordenó intensificar las operaciones ofensivas contra todas las estructuras criminales que amenazan la seguridad del país. Desde el Batallón de Operaciones Especiales Aéreas, y por medio de una transmisión radial institucional, el jefe de la cartera de Defensa dejó claro que actualmente no existe cese al fuego y que las tropas tienen la autorización plena del Estado para emplear la fuerza legítima en defensa propia y de la población civil.
“No basta con defendernos. Tenemos el deber constitucional de estar a la ofensiva, fragmentar, neutralizar y debilitar toda amenaza criminal”, señaló Sánchez, acompañado del comandante del Ejército, general Emilio Cardozo Santamaría, y del jefe de Estado Mayor de Operaciones, general Royer Gómez.
El ministro explicó que una de las metas operativas del Gobierno es reducir al menos en un 10 % la capacidad de acción de los grupos armados organizados y llevarlos a un punto de decrecimiento irreversible. Asimismo, reconoció que la situación actual del país es compleja, pero pidió recordar que “Colombia ya ha enfrentado momentos aún más difíciles y ha salido adelante”.
En su intervención, Sánchez también hizo un llamado a la ética y la transparencia dentro de las filas. Advirtió sobre el riesgo que representa la infiltración criminal en la Fuerza Pública y reiteró que portar las armas del Estado exige un comportamiento ejemplar:
“Un infiltrado no solo atenta contra la imagen de nuestras Fuerzas, también puede entregar información o munición a quienes quieren asesinar a nuestros soldados y policías”.
El ministro subrayó que el enemigo actual no es movido por ideologías, sino por la ambición del narcotráfico:
“Antes encontrábamos cartillas ideológicas. Hoy, en los campamentos ilegales hay aguardiente, dinero y armas. Es la cultura traqueta al servicio del crimen”.
Finalmente, agradeció a las tropas su disciplina y compromiso, y resaltó que la Fuerza Pública cuenta con el respaldo institucional y la confianza ciudadana para proteger la vida, la democracia y la integridad de la República.