La Contraloría General de la República (CGR) ha puesto la lupa sobre Ecopetrol S.A., la principal petrolera de Colombia, exigiendo información urgente y detallada sobre la posible venta de sus activos en la cuenca del Permian, Estados Unidos, y emitiendo una observación administrativa con posible incidencia fiscal por US$1.59 millones en un contrato de asesoría jurídica.
En el marco de la Auditoría de Cumplimiento 2024, la CGR envió una comunicación oficial al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa Barragán, solicitando que se entregue en un plazo máximo de 24 horas toda la documentación que sustente una eventual desinversión en el Permian, uno de los activos más rentables de la compañía.
Paralelamente, la Contraloría alertó sobre posibles irregularidades en la ejecución de un contrato de asesoría jurídica (CW207382 y su otrosí) suscrito por Ecopetrol con la firma estadounidense Covington & Burling LLP en 2024.
El organismo de control emitió una observación administrativa con incidencia fiscal por US$1.59 millones, equivalente al monto total de los pagos.
La auditoría de cumplimiento detectó inconsistencias serias en el manejo del contrato:
· Pagos sin Soporte Suficiente: Una parte significativa de los pagos se sustentó únicamente en horas declaradas por la firma contratista, sin evidencia suficiente que acreditara la efectiva prestación del servicio o los resultados de la consultoría.
· Ausencia de Informes Finales: Pese a que el contrato generó pagos por US$1,592,888 millones, no existen informes finales ni evidencia del cumplimiento del objeto contractual. El contrato buscaba asesorar a la Junta Directiva en cumplimiento regulatorio, políticas internas, y evaluar riesgos reputacionales derivados de las investigaciones contra el presidente Ricardo Roa.
· Suspensión Irregular: La Junta Directiva decidió suspender el contrato, pero no existe un acta de suspensión formal integrada al expediente contractual, lo que incumple el Manual de Contratación de Ecopetrol.
La Contraloría concluyó que no hay evidencia de un beneficio tangible para Ecopetrol a cambio de los recursos ejecutados, lo que podría configurar un detrimento al patrimonio público. Se otorgó un plazo de cinco días hábiles a Ecopetrol para responder y aportar los soportes que justifiquen los pagos y la gestión del contrato.
