Dos activistas venezolanos, Yendri Velásquez y Luis Alejandro Peche, resultaron heridos el lunes 13 de octubre en un ataque con arma de fuego en el norte de Bogotá, Colombia, un hecho que ha generado una ola de condenas a nivel internacional y ha puesto el foco en la seguridad de los defensores de derechos humanos exiliados.
Velásquez, defensor de derechos humanos LGBTIQ+ y fundador del Observatorio de Violencias LGBTIQ+, y Peche, consultor político que también cuenta con nacionalidad colombiana, fueron atacados por dos o tres sujetos cuando se disponían a tomar transporte público en el sector de Cedritos/Los Cedros. La Policía definió el suceso como un "ataque sicarial".
La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) condenó el atentado a través de su cuenta de X, urgiendo a las autoridades colombianas a "brindar protección a los dos activistas" e "investigar, juzgar y sancionar a los responsables de este atentado".
Tras el ataque, Peche y Velásquez fueron trasladados a una clínica. Ambos se encuentran fuera de peligro, aunque Velásquez requirió una cirugía reconstructiva por las heridas de bala en sus extremidades inferiores. Peche manifestó en X que el hecho demuestra que "defender derechos humanos o hasta opinar sobre lo que pasa en Venezuela puede ser causa de asesinato, ya no solo dentro del país".
Según la información preliminar de la Policía, los agresores dispararon desde un vehículo que posteriormente fue hallado abandonado en la localidad de Suba, al norte de Bogotá, con dos pistolas y municiones en su interior. Los sicarios, que habrían huido a pie, no han sido ubicados. La Fiscalía de Colombia ya abrió una investigación.
Un dato relevante de la investigación es que el vehículo de los atacantes habría salido del mismo conjunto residencial donde vivían las víctimas minutos antes, sugiriendo una posible planeación o seguimiento previo.
La Defensoría del Pueblo de Colombia indicó que Yendri Velásquez es solicitante de refugio en el país, tras huir de Venezuela debido a la "persecución derivada de su labor en defensa de los derechos humanos". Peche, por su parte, ha denunciado públicamente casos de detención arbitraria en Venezuela.
La Defensoría condenó el ataque y señaló que las personas migrantes y refugiadas "deben contar con el respaldo y acompañamiento de las autoridades, en garantía de sus derechos".
El presidente colombiano, Gustavo Petro, condenó el ataque, atribuyéndolo al crimen organizado (sin presentar pruebas), y anunció que la Unidad Nacional de Protección (UNP) ampliará los esquemas de seguridad destinados a activistas de derechos humanos extranjeros en Colombia. Además, reafirmó que "toda la ciudadanía venezolana que quiera asilarse en Colombia, independiente de sus ideas, es bien recibida".
La líder opositora venezolana y ganadora del Premio Nobel de Paz de 2025, María Corina Machado, y la mayor coalición opositora de Venezuela, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), exigieron a las autoridades colombianas una "investigación exhaustiva, transparente y urgente" para esclarecer los hechos e identificar a los responsables.
El ataque ha reavivado la preocupación sobre la seguridad de los líderes sociales y activistas que han buscado refugio en Colombia, el principal receptor del éxodo venezolano con casi 3 millones de migrantes.
