El presidente interino de Perú, José Jerí, anunció este martes la declaración de un estado de emergencia por 30 días en la capital, Lima, y en la adyacente provincia portuaria del Callao, con el objetivo de lanzar una "ofensiva" directa contra la "desmesurada" delincuencia organizada que azota al país. La medida, que rige desde la medianoche de este miércoles (05:00 GMT), busca "recuperar la paz y la tranquilidad" en una zona que concentra a un tercio de la población peruana.
En un breve mensaje a la nación, Jerí, quien asumió el cargo interinamente tras la destitución de Dina Boluarte el pasado 9 de octubre, sostuvo que la criminalidad ha causado un "inmenso dolor a miles de familias y perjuicio a la economía nacional". El mandatario, a menos de dos semanas en el poder, afirmó: "Hoy empezamos a cambiar la historia", y concluyó que "las guerras se ganan con acciones y no con palabras", aunque evitó dar detalles exhaustivos sobre las medidas.
De acuerdo con el decreto publicado en el diario oficial El Peruano, el estado de emergencia implica la suspensión de derechos fundamentales como la inviolabilidad del domicilio y la libertad de reunión. Esta restricción de derechos coincide con un período de diversas protestas contra el Gobierno y el Congreso, motivadas, entre otras cosas, por la creciente inseguridad ciudadana.
Un componente clave del decreto es la autorización para que las Fuerzas Armadas (FF.AA.) brinden apoyo a la Policía Nacional en tareas de seguridad ciudadana. Militares y policías patrullarán conjuntamente "zonas críticas como paraderos, estaciones de metro e instituciones asociadas", instalarán comandos de campaña temporales y ejecutarán operativos "masivos y permanentes de decomiso de armas, municiones, explosivos ilegales y artefactos pirotécnicos".
El decreto también contempla acciones drásticas dentro de los centros penitenciarios, incluyendo la limitación de visitas a presos, un "apagón eléctrico en las celdas, permitiendo únicamente la iluminación" y el "desmontaje y destrucción de antenas de telecomunicación ilícitas".
La decisión del Ejecutivo llega en un momento de fuerte descontento social por la inseguridad. Las protestas de las últimas semanas, incluyendo paros de transportistas, han puesto de manifiesto el impacto del crimen organizado. De hecho, la falta de respuesta efectiva ante esta crisis fue un factor principal en la destitución de la expresidenta Boluarte.
La gravedad de la situación se refleja en las cifras: según el Sistema de Información de Defunciones (Sinadef), el tercer trimestre de 2025 (julio-agosto-septiembre) registró 575 homicidios, la cifra más alta del año, superando el umbral de 500 por trimestre que Perú no sobrepasaba con frecuencia antes de 2017.
