La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha solicitado de manera urgente al Gobierno y al Congreso de la República la asignación de $121.858 millones para poder ejecutar las primeras sentencias restaurativas impuestas a exmiembros de las extintas FARC y a exmilitares. Aunque el Ministerio de Hacienda ya ha destinado $20.000 millones, la JEP advierte que este monto es insuficiente.
La petición, firmada por el presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, busca garantizar los recursos necesarios para que los responsables de crímenes graves cumplan con las sanciones impuestas, las cuales no implican cárcel, sino la realización de trabajos y proyectos para reparar a las víctimas.
Sentencias y costos desglosados
La solicitud de fondos se divide en dos sentencias principales relacionadas con los macrocasos 01 y 03:
· Macrocaso 01 (Secuestro de las FARC): Esta sentencia tiene un costo total de $35.762 millones. Los fondos se destinarán a proyectos como:
o $13.634 millones para medio ambiente, naturaleza y territorio.
o $10.587 millones para huellas para la memoria.
o $5.829 millones para la Acción Integral Contra Minas Antipersonal (Aicma).
o $5.712 millones para la búsqueda de personas dadas por desaparecidas.
· Macrocaso 03 (Falsos positivos del Batallón La Popa): Esta sentencia requiere $86.096 millones. Los recursos financiarán proyectos como:
o $7.044 millones para memorialización y reparación simbólica.
o $27.547 millones para sanación y armonización territorial, incluyendo un centro para el pueblo Kankuamo.
o $15.805 millones para el Centro Integral Omonapa del Pueblo Wiwa.
o $22.803 millones para infraestructura comunitaria en Valledupar y Magdalena.
o $5.748 millones para la Casa cultural Nelson Enrique Romo.
o $7.149 millones para la línea de productividad y generación de ingresos, con el proyecto "Sembradores de Amor y Paz".
o
En la carta enviada a las entidades gubernamentales, la JEP también expresó dos preocupaciones clave:
1. Ministerio de Justicia: Aún no ha tramitado un decreto crucial para establecer las condiciones de seguridad, protección y dignidad necesarias para el desarrollo de las sanciones.
2. Ministerio de Hacienda: A pesar de una circular previa, no ha priorizado los gastos de la JEP en el Proyecto de Ley de Presupuesto General de la Nación para 2025-2026.
La JEP enfatizó que es indispensable asegurar una apropiación presupuestal suficiente para los proyectos restaurativos que ya están en marcha y los que vendrán con futuras sentencias, reiterando que la implementación de estas sanciones es primordial para las principales víctimas del conflicto armado.
