Colombia ha dado un paso histórico en la protección animal al ratificar la Ley 2385 de 2024, conocida como la "Ley No Más Olé". La Corte Constitucional confirmó de manera unánime la prohibición definitiva de las corridas de toros y, además, amplió la medida para incluir otras actividades que implican maltrato animal, como el rejoneo, las novilladas, las becerradas, las corralejas, el coleo y las peleas de gallos.

La decisión, emitida el pasado 4 de septiembre de 2025, pone fin a un largo debate entre defensores de los derechos de los animales y quienes sostienen que estas prácticas son parte de la tradición cultural. La Corte desestimó los argumentos que alegaban una vulneración a derechos como la libertad de expresión o el patrimonio cultural, priorizando la dignidad humana y el bienestar animal.

Un periodo de transición y el futuro de los trabajadores

El fallo establece un período de transición de tres años, lo que significa que la prohibición total entrará en vigor el 22 de julio de 2027. Durante este tiempo, las prácticas aún podrán realizarse, pero solo en municipios con una tradición ininterrumpida y en periodos festivos reconocidos. Esto busca dar un margen de tiempo para que el gobierno y las comunidades se preparen para la nueva realidad.

La ley también exige que el gobierno cree alternativas económicas para las miles de familias que dependen de la tauromaquia y otras prácticas asociadas. Además, las plazas de toros deberán ser transformadas en espacios para eventos culturales y deportivos que no impliquen el sufrimiento animal.

La senadora Esmeralda Hernández, impulsora de la iniciativa, calificó la decisión como un "día histórico para el animalismo". El presidente Gustavo Petro, que sancionó la ley en 2024, celebró la noticia y comparó el disfrute de la muerte de animales con la violencia hacia los seres humanos, una posición que ha sido controversial.

Con este fallo, Colombia se une a la tendencia global de prohibir la tauromaquia. Actualmente, solo siete países en el mundo aún permiten estas prácticas a nivel nacional. La medida representa una victoria para el activismo animalista y un desafío para el Estado, que deberá asegurar una transición laboral y cultural justa.