El Congreso de la República aprobó la Ley Sarita, una nueva herramienta legal diseñada para garantizar el pago oportuno de la cuota alimentaria a niñas, niños y adolescentes en Colombia. Esta iniciativa busca proteger el mínimo vital de miles de menores que, hasta ahora, veían sus recursos retenidos durante años en procesos judiciales.

La ley, surge a partir del caso de Sara Guiselle. Sara, una niña con discapacidades, tuvo que esperar más de un año y medio para recibir los recursos embargados que necesitaba con urgencia. Su historia sensibilizó a la opinión pública y se convirtió en el motor de este importante cambio legislativo.

La iniciativa fue presentada como Proyecto de Ley 199 de 2023 por la senadora Liliana Bitar (Partido Conservador) y superó los cuatro debates reglamentarios. Se estima que esta ley podría beneficiar directamente a más de 55.000 casos con procesos judiciales activos, permitiendo que miles de menores reciban de inmediato los recursos que necesitan para su sustento. Con esta ley, Colombia avanza en la protección de la niñez, evitando que sus derechos sean vulnerados por demoras burocráticas.

¿Qué cambia con la nueva ley?

Antes de la Ley Sarita, cuando un juez ordenaba el embargo del salario o pensión de un progenitor que incumplía con el pago, los fondos se depositaban en el Banco Agrario como títulos judiciales. Estos títulos quedaban retenidos hasta la conclusión del proceso o sentencia definitiva, lo que podía tardar años.

Con la nueva normativa, los jueces de familia podrán autorizar la entrega anticipada y sucesiva de esos fondos retenidos, sin necesidad de esperar la sentencia. Esto es posible siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos, como que el progenitor demandado no se haya opuesto al proceso.

La Ley Sarita marca un cambio estructural en los procesos de alimentos en Colombia. Por primera vez, se garantiza el cumplimiento real y oportuno de la obligación alimentaria, protegiendo así el interés superior del menor de edad.