El Tribunal Contencioso Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina ordenó el cierre temporal de los cayos Rose Cay y Haines Cay, conocidos como Cayo Acuario, debido a un grave deterioro ecológico, este forma parte de la Reserva de Biósfera Seaflower, reconocida por la UNESCO.

La decisión, que responde a una acción popular interpuesta por la Procuraduría General de la Nación, busca proteger este ecosistema marino de los efectos del turismo masivo y la falta de control.

De igual forma esta entidad, solicitó la intervención judicial tras detectar una alta inestabilidad ambiental en la zona. Las investigaciones revelaron varias irregularidades, entre ellas:

• La operación de comercios sin la infraestructura básica y sin servicios sanitarios adecuados.
• La descarga de aguas contaminadas directamente al mar.
• La erosión acelerada del cayo causada por el tráfico excesivo de embarcaciones.

En respuesta, el Tribunal enfatiza la necesidad de priorizar la conservación ambiental sobre la explotación turística desmedida y dictó las siguientes medidas para permitir la recuperación ecológica:

• Cierre total de Rose Cay por seis meses.
• Restricciones de acceso a Haines Cay, con cierres periódicos de tres días cada trimestre.
• Desmontar todas las estructuras fijas instaladas en la zona.
• Realizar estudios técnicos de capacidad de carga para regular la cantidad de turistas que el ecosistema puede soportar.
• Reubicar la actividad comercial bajo parámetros sostenibles.

La Procuraduría ha confirmado que mantendrá la vigilancia para garantizar el cumplimiento de estas órdenes y la coordinación entre las entidades responsables, como Coralina, la Dirección General Marítima (Dimar) y la Gobernación.

La decisión judicial se enmarca en un contexto de creciente preocupación por las prácticas turísticas insostenibles. Recientemente, las autoridades descubrieron a varias personas cebando tiburones y mantarrayas en Cayo Acuario para atraer turistas, una práctica que altera el comportamiento natural de las especies y daña la cadena alimenticia. Los responsables enfrentan cargos por delitos ambientales, que pueden conllevar hasta 135 meses de prisión y multas considerables.

Este mensaje resuena con la reciente acción de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), que también tomó medidas correctivas en varios hoteles de San Andrés por fallas críticas de seguridad.