En un avance significativo en la investigación sobre la financiación de la campaña presidencial de 2022, los magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE), Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada, han radicado una ponencia que concluye que la campaña de Gustavo Petro excedió los topes de gastos.
El documento de casi 600 páginas, resultado de una investigación de más de dos años, sostiene que la campaña Petro Presidente se extralimitó en más de $3.500 millones de pesos, sumando los gastos de la primera y segunda vuelta.
Sanciones y alcances de la ponencia
La ponencia propone sanciones administrativas para Ricardo Roa Barragán, actual presidente de Ecopetrol y quien fungió como gerente de la campaña. También se proponen multas para otros directivos, así como para los partidos Colombia Humana y Unión Patriótica.
Entre las determinaciones más importantes, la propuesta ordena:
· Compulsar copias a la Fiscalía General de la Nación para investigar a Ricardo Roa por presuntas conductas como la financiación con fuentes prohibidas y la violación de topes.
· Remitir el expediente a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes para la investigación correspondiente contra el jefe de Estado.
Aunque la ponencia no incluye los costos de los vuelos de la Sociedad Aérea de Ibagué (SADI), sí considera los aportes de la Unión Sindical Obrera (USO) y la Federación Colombiana de Educadores (Fecode), así como pagos al partido Polo Democrático y a Caracol Televisión.
El futuro del proceso en el CNE
La decisión final sobre la ponencia recaerá en la Sala Plena del CNE, que se encuentra dividida entre un bloque de cinco magistrados a favor de las sanciones y un bloque de cuatro cercanos al Pacto Histórico. La aprobación de la ponencia requiere al menos seis votos.
La magistrada Alba Velásquez fue apartada del proceso debido a recusaciones, lo que ha generado la necesidad de nombrar conjueces para garantizar la legalidad de la votación. El caso ahora está en una etapa decisiva, y su desenlace podría sentar un precedente importante para el futuro de la financiación de las campañas políticas en Colombia.