La reciente operación policial en Río de Janeiro, que el martes dejó un saldo sin precedentes de 121 muertos (según el último balance oficial), ha desatado una furiosa discusión política en Brasil, a pesar de que la matanza (una de las peores perpetradas por las fuerzas de seguridad en América Latina) aún mantiene a muchas madres de favela buscando e identificando a sus hijos. Este suceso coloca la seguridad pública en el centro de la campaña de cara a las elecciones presidenciales brasileñas de 2026 y reaviva el debate regional sobre cómo combatir eficazmente el crimen organizado en América Latina, la región más violenta del planeta.
El duelo entre las estrategias de "mano dura" con golpes espectaculares y las que defienden estrategias a medio plazo centradas en la inteligencia para asfixiar económicamente a los poderosos grupos del narcotráfico vuelve al centro de la política latinoamericana.
El gobernador de Río de Janeiro, el bolsonarista Cláudio Castro, calificó la operación como un éxito y la definió como una guerra alimentada por el "narcotráfico internacional", utilizando la palabra "narcoterroristas". Castro se hizo eco del discurso promovido por el expresidente de EE. UU. Donald Trump y de la política estadounidense que impulsa la designación de las grandes mafias del narco como organizaciones terroristas.
El Gobierno federal ha contrapuesto la sangrienta operación de Río contra el Comando Vermelho (un grupo con un estimado de 30.000 hombres volcado en el narco) con un operativo exitoso en São Paulo en agosto contra el Primer Comando de la Capital (PCC).
El presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a su regreso de Asia y tras anunciar que buscará un cuarto mandato en 2026, reaccionó de inmediato. Anunció la creación de una comisión de coordinación con el Gobierno de Río y envió a dos ministras a las favelas para escuchar a los afectados.
La activista Eliana Sousa Silva, de la ONG Redes da Maré, critica que el Gobierno estatal continúe con las incursiones violentas sin aplicar límites, como las cámaras en los uniformes exigidas por el Tribunal Supremo para reducir la letalidad policial.
De igual forma, el Secretario General de la ONU, António Guterres, y el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Volker Turk, expresaron "extrema preocupación" y pidieron una investigación inmediata y una reforma integral de los métodos policiales.
