El sistema carcelario colombiano enfrenta una escalada de violencia sin precedentes. Fuentes de inteligencia militar han confirmado una alarmante estrategia criminal: alias Pipe Tuluá, principal cabecilla de la temida banda La Inmaculada, estaría ofreciendo cuantiosos pagos a sicarios para atentar contra funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) en todo el territorio nacional.

Según información revelada por La FM, alias Pipe Tuluá, a pesar de estar privado de la libertad, estaría pagando entre tres y cinco millones de pesos a sicarios por cada ataque ejecutado contra los guardianes del Inpec.

Este método, que recuerda a las tácticas de figuras históricas del crimen en el país, ha sido corroborado por fuentes de inteligencia, quienes señalan que la orden de atentar contra el personal penitenciario proviene directamente del líder de La Inmaculada.

La inteligencia militar apunta a que el principal objetivo detrás de esta ola de atentados es presionar a las autoridades para que alias Pipe Tuluá sea trasladado de su actual lugar de reclusión —una estación de policía en Bogotá— a una prisión de mayor envergadura, como La Picota o La Modelo, ambas en la capital.

El cabecilla busca ser enviado a un penal donde, según las fuentes consultadas, podría retomar el control directo de las operaciones ilícitas de la banda, que mantiene una activa estructura criminal a pesar de su detención. Este intento de forzar un cambio de celda ha generado profunda preocupación sobre la gobernabilidad y las medidas de seguridad dentro de los centros de reclusión.

La Inmaculada, originaria de Tuluá (Valle), se ha consolidado como un actor clave en el crimen organizado. Históricamente, se le atribuyen múltiples ataques contra funcionarios del Inpec, llegando incluso a utilizar el alias fachada "Mago" (Muerte a Guardianes Opresores) para reivindicar sus acciones.

La Defensoría del Pueblo ha advertido que estos hechos no son aislados, sino que forman parte del denominado "plan pistola", que en los últimos tres años ha cobrado la vida de 30 integrantes del Cuerpo de Custodia.

En promedio, los servidores del Inpec registran 200 amenazas anuales, provenientes de múltiples grupos delincuenciales, lo que dificulta la identificación de los autores intelectuales de los atentados más recientes.