El reclutamiento forzoso en la Milicia Nacional Bolivariana ha sido una preocupación creciente en Venezuela, generando un intenso debate. Las acusaciones de que el gobierno está recurriendo a la presión y a la fuerza para llenar las filas de la milicia han circulado ampliamente, aunque el gobierno de Nicolás Maduro las ha desmentido rotundamente.
Tras la convocatoria a un alistamiento masivo a finales de agosto, en un contexto de tensiones con Estados Unidos, se difundieron denuncias sobre prácticas de reclutamiento forzoso. Aunque la convocatoria inicial no tuvo el éxito esperado, según mostraron imágenes de plazas vacías, la situación se intensificó con informes desde diferentes partes del país.
Habitantes de zonas mineras como Tumeremo y El Dorado reportaron, que unidades del ejército detuvieron a jóvenes en las calles en la madrugada del 28 de agosto. Los relatos describen cómo los militares se movilizaban en camiones, captando a hombres jóvenes, una práctica que los habitantes locales denominan "la recluta". La explotación de oro en la región atrae a miles de jóvenes, lo que podría explicar por qué estas denuncias se concentran en esa zona.
También por medio de WhatsApp y otras plataformas circularon mensajes, supuestamente de fuentes oficiales, que advertían sobre un reclutamiento obligatorio para jóvenes entre 17 y 35 años. También se hicieron virales convocatorias dirigidas a empleados de la administración pública y docentes, presionándolos a asistir a las jornadas de alistamiento. Algunos trabajadores incluso afirmaron que se les había ordenado asistir con sus uniformes de trabajo para demostrar su participación.
El gobierno de Nicolás Maduro y sus voceros han negado categóricamente estas denuncias. Diosdado Cabello, ministro de Interior y Justicia, calificó los reportes de "otro fake news de la oposición" y acusó a los opositores de sembrar miedo en la población. Por su parte, el presidente Maduro aseguró que las jornadas de inscripción fueron un éxito y ordenó que continuaran, aunque no proporcionó cifras específicas sobre la cantidad de inscritos.
A pesar de los desmentidos oficiales, organizaciones no gubernamentales han levantado la voz. Laboratorio de Paz denunció públicamente las prácticas de alistamiento forzoso, señalando que las cifras dadas por el gobierno, de más de 8 millones de venezolanos inscritos, ocultan violaciones de derechos fundamentales. La organización documentó casos de ciudadanos, incluidos adolescentes y empleados públicos, obligados a inscribirse e incluso a grabar videos de propaganda.
Mientras que el gobierno de Maduro insiste en que las jornadas de alistamiento son voluntarias y han sido un éxito, las denuncias de reclutamiento forzoso persisten.
