La administración Trump ha anunciado un nuevo y polémico plan migratorio: un programa piloto que exigirá a solicitantes de visas de turismo y negocios (B-1/B-2) de ciertos países un depósito de entre $5,000 y $15,000. Esta medida busca reducir la cantidad de personas que se quedan más tiempo del permitido en el país. El programa, con una duración inicial de 12 meses, está programado para entrar en vigor el 20 de agosto.
¿A quiénes afecta esta medida?
El Departamento de Estado ha indicado que esta medida afectará a viajeros de países que cumplan con los siguientes criterios:
· Altas tasas de permanencia ilegal: Países con un número significativo de ciudadanos que exceden el tiempo de su visa.
· Controles de seguridad deficientes: Naciones en las que la información de verificación y seguridad es considerada insuficiente.
· Programas de ciudadanía por inversión: Países que otorgan ciudadanía sin requerir residencia.
La lista específica de los países afectados se publicará 15 días antes de que el programa inicie y podría ser actualizada. Aún no se ha confirmado la lista oficial, pero se sabe que Colombia no estaría incluida, ya que la mayoría de sus viajeros cumplen con las condiciones de sus visas. Los ciudadanos de los 42 países que participan en el Programa de Exención de Visa, como Chile, tampoco están sujetos a esta fianza.
¿Cómo funcionará el depósito?
· Monto: El valor exacto, que oscila entre $5,000 y $15,000, será determinado por el funcionario consular en cada caso.
· Recuperación del dinero: El depósito será devuelto al viajero si sale del país a tiempo. Si una persona se queda más allá de la fecha autorizada, podría perder el dinero, el cual se usaría para cubrir los gastos de su deportación.
· Entrada y salida: Para garantizar el cumplimiento, los viajeros sujetos a este programa deberán ingresar y salir de EE.UU. exclusivamente por vía aérea, utilizando aeropuertos específicos que tienen la capacidad de confirmar automáticamente su partida. La lista de estos aeropuertos también será publicada 15 días antes.
Contexto y antecedentes
Esta no es la primera vez que se propone una medida similar. Una versión previa se introdujo a finales de 2020, pero no se implementó completamente debido a la pandemia de COVID-19. La propuesta actual retoma la idea de disuadir las estancias prolongadas, aunque históricamente el Departamento de Estado se ha mostrado reacio a este tipo de fianzas debido a la complejidad de su gestión.
Esta iniciativa se suma a otras políticas migratorias de la administración, como la "tarifa de integridad" de $250 que entrará en vigor en 2026, y la exigencia de entrevistas presenciales para la renovación de algunas visas.
