La Administración Trump ha implementado dos medidas drásticas que transforman significativamente la política migratoria de Estados Unidos: la posibilidad de deportar migrantes a terceros países con mínima antelación y la eliminación del derecho a fianza para millones de indocumentados. Ambas decisiones, detalladas en memorandos internos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), buscan agilizar las deportaciones y mantener a los inmigrantes bajo detención durante todo su proceso legal.
Deportaciones aceleradas a terceros países inseguros
Según un memorando del director interino de ICE, Todd M. Lyons, Estados Unidos podrá deportar a migrantes a terceros países, incluso si estos no garantizan el respeto de sus derechos o los exponen a torturas y persecuciones. Las notificaciones de deportación serán mínimas: 24 horas de antelación para destinos que no ofrecen garantías de seguridad, y tan solo seis horas en circunstancias "urgentes". Para países que sí confirman la seguridad, no se requerirá ninguna notificación previa si el Departamento de Estado considera "creíbles" esas garantías.
Esta medida se fundamenta en un fallo de la Corte Suprema que suspendió una orden judicial previa que bloqueaba la expulsión de migrantes sin previo aviso ni la oportunidad de presentar un caso de "miedo creíble". Un ejemplo de esta política es la deportación de ocho migrantes a Sudán del Sur, una nación con una grave crisis humanitaria, a pesar de que estos individuos estaban varados en una base militar en Yibuti.
Expertos y defensores de los derechos de los migrantes han expresado su preocupación, argumentando que el tiempo de aviso es insuficiente para que los afectados inicien cualquier proceso legal que les permita protegerse. La Secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, ha defendido la medida, calificándola de "sumamente importante para asegurarnos de que saquemos a estos delincuentes de nuestro país" y afirmando que muchos países han acordado recibir y cuidar a los ciudadanos extranjeros hasta que sus países de origen los acepten.
Fin de la libertad bajo fianza para indocumentados
En otra medida significativa, un memorando enviado por Todd Lyons el 8 de julio, de acuerdo con The Washington Post, establece que los inmigrantes indocumentados detenidos en Estados Unidos ya no tendrán derecho a una audiencia de fianza y deberán permanecer encarcelados "durante la totalidad de su proceso de remoción". Este proceso, que puede durar meses o incluso años, afectará a millones de personas, incluyendo a aquellos que llevan décadas viviendo en el país y tienen lazos profundos en él.
La nueva ley presupuestal del Congreso incluye más de 45 mil millones de dólares para ampliar la capacidad de los centros de detención de 56,000 a 100,000 personas en los próximos cuatro años. Fuentes de la Administración Trump justifican la eliminación de las fianzas argumentando que ahora tienen los recursos para mantener a todos los indocumentados encarcelados mientras se surte su proceso de deportación.
La Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración ha reportado un aumento en las negaciones de fianzas en tribunales de todo el país. Los defensores de medidas migratorias más estrictas, como Mark Krikorian, del Centro de Estudios de Inmigración, consideran que la detención sin fianza es la mejor estrategia para deportar rápidamente a quienes no califican para asilo u otra vía legal, y para disuadir solicitudes "frívolas".
Sin embargo, esta política enfrenta importantes desafíos logísticos, ya que el ICE ha reconocido en su informe anual de 2024 que solo opta por la detención si hay camas disponibles, y actualmente hay más de 7.6 millones de personas liberadas esperando la resolución de sus procesos. Además, es probable que la medida sea demandada en los tribunales por posible violación al debido proceso y otras garantías judiciales.
