En un avance significativo dentro del escándalo de las "chuzadas" a Marelbys Meza, exniñera de Laura Sarabia (actual directora del Dapre), y a Fabiola Perea, la justicia ha impuesto las primeras condenas. El intendente Luis Alfonso Quinchanegua y la patrullera Danna Alejandra Canizales, agentes de la Policía Nacional, fueron condenados a penas de prisión domiciliaria, tras un proceso en el que aceptaron su responsabilidad y firmaron un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación.

Durante una audiencia crucial el miércoles 4 de septiembre, la Fiscalía anunció el preacuerdo firmado con Canizales y Quinchanegua. Ambos uniformados admitieron su participación en la interceptación ilegal de las comunicaciones de Meza y Perea, ocurrida en enero de 2023, bajo el pretexto de una investigación por un supuesto robo en la residencia de Laura Sarabia.

Al firmar el preacuerdo, los agentes reconocieron su culpabilidad en los delitos de:

• Fraude procesal.
• Falsedad material en documento público.
• Falsedad ideológica en documento público.

Además de la aceptación de cargos, los dos policías firmaron un principio de oportunidad por el delito de violación ilícita de comunicaciones. Este principio, que busca otorgarles inmunidad parcial, les permitirá actuar como testigos de cargo clave en los futuros procesos penales, proporcionando información crucial sobre las órdenes y hechos que rodearon la interceptación. La Fiscalía señaló que los uniformados habrían inducido a error a fiscales y jueces de control de garantías, utilizando información falsa para obtener autorizaciones judiciales fraudulentas, haciendo pasar a las víctimas bajo los alias de "La Madrina" y "La Cocinera", supuestamente vinculadas al Clan del Golfo.

El proceso culminó el miércoles 25 de septiembre, cuando la juez 53 de conocimiento de Bogotá impuso la condena. Quinchanegua y Canizales fueron condenados a una pena de hasta 10 años de prisión domiciliaria y al pago de una multa de 354 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

En medio del proceso de formalización del preacuerdo, ambos policías pidieron perdón por los delitos cometidos, asegurando que actuaron bajo órdenes de sus superiores.

La patrullera Canizales manifestó: "en mi condición como patrullera al momento de los hechos, con solo dos años en la institución y por falta de experiencia (...) recibí ordenes de mis superiores, donde creí que podía hacer un trabajo honesto y correcto para la comunidad. Sin embargo, quiero pedir disculpas a las víctimas". Por su parte, Quinchanegua expresó: "A todas las partes afectadas, a los ciudadanos que afectamos tanto moral como psicológicamente, prometo no volver a hacerlo e igualmente pido mil disculpas a los afectados.”