La Corte Suprema de Justicia ratificó el fallo que concedió la libertad al expresidente Álvaro Uribe Vélez, permitiéndole permanecer libre mientras se resuelve la apelación de su condena a 12 años de prisión. La decisión se fundamenta en que el juzgado de primera instancia no justificó de forma clara y detallada la orden de detención inmediata, una exigencia legal para la restricción de la libertad.

El 1 de agosto de 2025, un juzgado de Bogotá condenó a Uribe por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, imponiéndole 12 años de prisión domiciliaria con detención inmediata. Sin embargo, su defensa interpuso un recurso de tutela que fue resuelto por el Tribunal Superior de Bogotá el 19 de agosto. Este tribunal revocó la orden de detención, argumentando que no se habían presentado pruebas de un riesgo de fuga o de reincidencia, y que los motivos para la captura eran "vagos e indeterminados".

La decisión del Tribunal Superior fue impugnada por el senador Iván Cepeda, el exministro de Justicia Eduardo Montealegre, el ex vicefiscal Jorge Fernando Perdomo y Deyanira Gómez. La apelación llevó el caso a la Corte Suprema de Justicia, que finalmente respaldó la decisión del tribunal inferior.

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema respaldó el fallo de libertad, señalando que el juzgado de primera instancia se limitó a "explicar" la decisión de detención en lugar de "justificarla" con argumentos legales y fácticos sólidos.

El alto tribunal recordó que la privación de la libertad debe ser una medida excepcional, y que, al dictar una condena, el juzgado debe presentar una motivación clara y detallada que sustente la necesidad, proporcionalidad e idoneidad de la medida. La Corte determinó que este requisito no se cumplió en el caso de Uribe.

Es importante destacar que la decisión de la Corte Suprema no anula la condena de Uribe, sino que suspende la orden de detención. El expresidente continuará en libertad hasta que se resuelva en segunda instancia la apelación de su sentencia.

La Corte Suprema aprovechó la decisión para reafirmar la importancia de la imparcialidad judicial y de seguir estrictos parámetros de neutralidad institucional en todos los procesos, buscando reforzar la confianza pública en el sistema judicial colombiano.