La ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Lena Estrada Añokazi, ha sido enfática al declarar que el actual gobierno, bajo la dirección del presidente Gustavo Petro, no autorizará la caza comercial del chigüiro en Colombia. Esta afirmación busca aclarar la controversia generada por una supuesta resolución que permitiría dicha práctica en la Orinoquia colombiana.
El Ministerio de Ambiente aclaró que no existe ninguna normativa en curso para habilitar la caza comercial de esta especie. Además, se descartó que exista una emergencia de seguridad alimentaria en la región que justifique la comercialización de su carne.
La decisión del gobierno se basa en una profunda revisión de investigaciones científicas y consultorías especializadas sobre la dinámica poblacional del chigüiro. Si bien un fallo del Consejo de Estado de 2001 había ordenado al Ministerio desarrollar un modelo de manejo sostenible orientado hacia la caza comercial.
Un Nuevo Enfoque: Seres Sintientes y Bienestar Animal
En las últimas dos décadas, Colombia ha avanzado en la legislación que considera a los animales como seres sintientes, promoviendo su bienestar y luchando contra el maltrato. Este marco legal más amplio ha llevado al Ministerio a reevaluar la viabilidad de la caza comercial.
El pasado 12 de junio, se realizó una mesa técnica con expertos en manejo de especies, quienes aportaron insumos clave para analizar la compatibilidad de un aprovechamiento sostenible con los principios del bienestar animal. Después de este análisis y en línea con el Plan de Desarrollo del Gobierno, se concluyó que la caza comercial del chigüiro es inviable. La prioridad es garantizar la conservación y el trato digno de esta especie emblemática de la fauna silvestre colombiana.
Lucha contra el Comercio Ilícito
Finalmente, la ministra Estrada Añokazi hizo un llamado enérgico a las autoridades locales, especialmente a la Alcaldía de Bogotá y a las alcaldías de los Llanos Orientales, para fortalecer el control del comercio ilícito de carne de chigüiro. Esta actividad ilegal fomenta el tráfico de la especie y contribuye a la criminalidad ambiental en el país.
El Ministerio de Ambiente reitera su compromiso con la protección de la biodiversidad, el bienestar animal y la transparencia, invitando a un debate informado y basado en la evidencia científica.
