La Defensoría del Pueblo instó de manera "urgente" al Congreso de la República a adelantar los dos debates restantes para la aprobación del proyecto de ley que reglamenta la Jurisdicción Agraria y Rural, advirtiendo que miles de campesinos y comunidades vulnerables siguen sin acceso a una justicia especializada en temas de tierras.

La creación de la Jurisdicción Agraria nunca había estado tan cerca de ser una realidad. Sin embargo, la Defensoría del Pueblo, bajo la dirección de Iris Marín Ortiz, ha tenido que exigir al Legislativo que acelere el trámite, pues el proyecto se encuentra bloqueado en el Congreso a pesar de haber sido avalado por la Corte Constitucional y de ser un componente clave del Acuerdo Final de Paz (Punto 1).

Según la Defensoría, la persistente ausencia de un sistema judicial especializado mantiene en la incertidumbre a miles de campesinos, comunidades étnicas, víctimas y mujeres rurales que carecen de mecanismos eficaces para resolver disputas relacionadas con:

• Tierras y propiedad.
• Linderos y ocupación.
• Cultivos, pesca y decisiones administrativas en el ámbito agrario.

El organismo subrayó que, aunque la jurisdicción ya tiene rango constitucional (Acto Legislativo 03 de 2023) y la Corte Constitucional la declaró exequible (Sentencia C-340 de 2025), la falta de definición sobre sus procedimientos ha generado "años de espera e incertidumbre".

Esta parálisis expone a las comunidades rurales a graves riesgos como:

• Despojo y competencia indebida.
• Inestabilidad jurídica.
• Violencias y la necesidad de recurrir a la autoprotección armada.

La ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, ha advertido que este vacío institucional obstaculiza la reforma rural integral y el cumplimiento del Acuerdo de Paz, manteniendo en suspenso miles de casos sobre formalización de títulos, adjudicación de baldíos y extinción de dominio.

El proyecto, que ya fue aprobado en comisiones conjuntas, avanza con extrema lentitud en la plenaria de la Cámara de Representantes y aún no ha sido incluido en la agenda del Senado. El estancamiento se evidenció en la última sesión, donde maniobras de oposición (como el retiro de curules) rompieron el quórum necesario para continuar el debate.

Para la Defensoría, la creación de la jurisdicción es un "acto de justicia con el campo" y es fundamental para garantizar una justicia "especializada, cercana y eficaz".

El organismo propuso una hoja de ruta para su implementación, instando a que el proyecto se apruebe este mismo semestre con el fin de que en 2025 puedan entrar en funcionamiento:

• 400 despachos agrarios.
• 24 tribunales agrarios.

La entidad señaló que ya existe una estructura inicial (el Consejo Superior de la Judicatura creó el Tribunal Agrario y Rural de Tunja y designó juzgados en varias ciudades), pero su puesta en marcha depende de la aprobación definitiva de la Ley.

La Defensoría concluyó que la jurisdicción agraria y rural es una "condición indispensable para el buen futuro en las zonas rurales de Colombia" y permitirá cerrar brechas históricas, brindando a las comunidades más excluidas una justicia accesible y digna.