El debate sobre la matrícula de vehículos en Bogotá y Cundinamarca volvió a encenderse tras recientes pronunciamientos de tribunales y altas cortes, que han señalado que los descuentos en el registro de automotores no son legales.

La controversia surge porque varios municipios de Cundinamarca han ofrecido rebajas y beneficios tributarios para atraer la matrícula de vehículos, lo que según autoridades de Bogotá ha generado un detrimento fiscal cercano a 1,1 billones de pesos desde 2015. Estos recursos, argumenta el Concejo de la ciudad, deberían destinarse a financiar infraestructura y servicios en la capital, donde circulan la mayoría de los automotores registrados en otros municipios.

El vicepresidente del Concejo de Bogotá, Juan David Quintero, interpuso una demanda de nulidad contra la Ordenanza 002 de 2024 expedida por la Asamblea de Cundinamarca, que establecía descuentos de hasta el 50% en la matrícula. Según el cabildante, esta medida constituye una práctica ilegal que afecta directamente las finanzas de la ciudad.

Por su parte, la Gobernación de Cundinamarca defiende la estrategia como un mecanismo para fortalecer su recaudo y atraer contribuyentes, aunque reconoce que el tema está bajo revisión judicial. El debate también se conecta con medidas recientes como el pico y placa los sábados para vehículos matriculados fuera de Bogotá, que busca equilibrar las cargas fiscales y de movilidad.

Las sentencias de las altas cortes han dejado claro que los beneficios tributarios en matrículas vehiculares no tienen sustento legal, lo que abre la puerta a nuevas demandas y posibles ajustes normativos. Mientras tanto, la disputa entre Bogotá y Cundinamarca refleja la tensión por el control de los recursos derivados del parque automotor y la necesidad de una regulación uniforme que evite competencia desleal entre territorios.