El Tribunal Administrativo del Atlántico ha emitido una orden de cierre inmediato y cautelar para el antiguo puente Pumarejo (también conocido como Laureano Gómez), que conecta a Barranquilla con Palermo (Magdalena). La drástica medida responde a un riesgo estructural grave que amenaza la seguridad pública y la movilidad, y se da tras la admisión de una Acción Popular que busca la demolición definitiva de la estructura.
La decisión, adoptada por la magistrada Carmen Lorduy González, se basa en la demanda interpuesta por el personero de Barranquilla, Miguel Ángel Alzate Salcedo, quien ha denunciado el avanzado deterioro y el abandono institucional del puente. Según Alzate, esta situación vulnera derechos colectivos como la seguridad ciudadana, la moralidad administrativa y el buen manejo de los recursos públicos.
La Acción Popular fue sustentada con una inspección técnica realizada el pasado 25 de agosto de 2025. En esta revisión, el personero y un equipo de ingenieros y técnicos constataron daños significativos que representan un peligro latente:
- Ranuras y huecos en la superficie de la vía.
- Ausencia de mallas de protección y cerramientos.
- Hurto de elementos metálicos y desprendimientos de concreto.
El personero advirtió que el deterioro aumenta el riesgo para peatones, ciclistas, motociclistas y vehículos de tracción animal, y eleva la probabilidad de que fragmentos de la estructura caigan, poniendo en peligro tanto a los transeúntes como a las embarcaciones de pesca que navegan bajo el puente.
La magistrada Lorduy González ordenó al Ministerio de Transporte y al Instituto Nacional de Vías (Invías) implementar medidas urgentes en un plazo máximo de 45 días a partir de la notificación oficial.
Las acciones inmediatas incluyen:
- Instalación de barreras, muros o cerramientos en ambos extremos del puente.
- Colocación de señalización visible que advierta sobre el peligro y prohíba el paso vehicular y peatonal.
La Acción Popular también plantea pasos hacia la demolición definitiva, incluyendo la conformación de una mesa técnica, la elaboración de estudios para la demolición y la delimitación de una franja de seguridad para embarcaciones menores.
La demolición, anunciada por el Gobierno Nacional tras la inauguración del nuevo puente Pumarejo en 2019, tiene un costo estimado de $104.000 millones de pesos. El desmonte busca eliminar unos 400 metros de la parte central para mejorar la navegabilidad del Río Magdalena y permitir el paso de grandes embarcaciones.
El proceso legal involucra a una extensa lista de entidades nacionales y regionales, como la ANI, ANLA, Dimar, Cormagdalena, UNGRD, los departamentos de Atlántico y Magdalena, y el Distrito de Barranquilla, destacando la complejidad de la gestión de esta infraestructura crítica que fue inaugurada en 1974.
