Un reciente informe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), liderado por el secretario general António Guterres, encendió las alertas sobre el deterioro de la seguridad en Colombia de cara a las próximas elecciones presidenciales. El documento, que analiza el periodo entre diciembre de 2025 y marzo de 2026, identifica al menos 185 municipios en alto riesgo debido a la expansión de grupos armados ilegales, los cuales han intensificado la disputa por el control territorial y las economías ilícitas, incluso mediante el uso de nuevas tecnologías.
Aunque las elecciones legislativas registraron una amplia participación, la ONU advierte que la violencia ha impactado directamente el ejercicio democrático. Entre los hechos más graves se reportan ataques contra candidatos, la desaparición de un aspirante y el asesinato de tres soldados en medio del contexto electoral. La crisis humanitaria también muestra un deterioro significativo. En apenas tres meses, más de 8.400 personas han sido desplazadas y cerca de 23.000 permanecen confinadas, lo que evidencia las limitaciones en las garantías de seguridad para votantes, líderes sociales y comunidades en distintas regiones del país.
En sus conclusiones, Guterres señala que, aunque el Acuerdo de Paz sigue siendo una herramienta fundamental, la situación actual es frágil. Iniciativas como la “Paz Total” presentan avances desiguales y algunos diálogos —como los adelantados con el ELN— permanecen estancados. En este contexto, la persistencia de la violencia y el control territorial de grupos armados representan un desafío clave para la legitimidad del proceso electoral que se avecina.