La discusión para definir el salario mínimo de 2026 avanza en medio de un ambiente de tensión entre los distintos actores que participan en la negociación. El tema se ha convertido en uno de los ejes centrales del debate económico nacional, con gremios empresariales y sindicatos defendiendo posiciones marcadamente distintas sobre el porcentaje de incremento que debería aplicarse el próximo año.

La Comisión Nacional de Concertación, encargada de fijar el salario mínimo, será instalada el 1 de diciembre, dando inicio formal al proceso de negociación. Este año, el panorama luce especialmente complejo: mientras las centrales obreras insisten en un aumento de dos dígitos, argumentando la necesidad de recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores, los gremios empresariales consideran que un incremento elevado podría afectar la productividad, la formalización laboral y la sostenibilidad de las empresas.

Organizaciones como Aliadas, que agrupa a varios gremios del país, han reiterado su llamado a que la discusión se base estrictamente en criterios técnicos y en evidencia económica, evitando presiones coyunturales. Los empresarios insisten en que el ajuste debe considerar variables como la inflación proyectada, el crecimiento económico y el impacto en el empleo formal.

Por su parte, el Gobierno ha señalado que buscará un acuerdo entre las partes, aunque no descarta la posibilidad de fijar el aumento por decreto si no se logra consenso, como ha ocurrido en años anteriores. La inflación estimada para el cierre del año, cercana al 5 %, será uno de los indicadores clave en la mesa de negociación.

Con el inicio de las conversaciones a pocos días, el país se prepara para un debate que definirá el ingreso de millones de trabajadores y que, como cada año, genera expectativas en hogares, empresas y analistas económicos.