La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) anunció el inicio de cinco procesos sancionatorios contra minas de carbón ubicadas en la vereda Tibitá Centro, en el municipio de Lenguazaque, debido a la detección de graves afectaciones ambientales y daños estructurales en una vivienda habitada en la zona. Estas acciones se derivan de las múltiples irregularidades y daños ocasionados por la minería ilegal y no regulada en esta región.
De acuerdo con la información preliminar proporcionada por la CAR, las actividades mineras ilegales han generado impactos significativos y negativos en los recursos naturales, afectando el suelo, el agua y la flora del área. La operación sin licencias ambientales ni controles adecuados ha puesto en riesgo la estabilidad ecológica y la seguridad de la comunidad local.
Los técnicos de la CAR realizaron inspecciones detalladas que evidenciaron que las minas operaban sin los permisos ambientales correspondientes y empleaban prácticas inapropiadas que han causado daños irreversibles. Uno de los hallazgos más preocupantes fue el vertimiento directo de aguas residuales mineras y no domésticas, sin tratamiento previo, hacia una quebrada innominada que es afluente del río Peñalisa. Este vertimiento contaminó las aguas, aumentando su turbidez y deteriorando su calidad, lo que afecta no solo al ecosistema acuático, sino también a las comunidades que dependen de estos recursos para sus actividades diarias y su bienestar.
Adicionalmente, se identificaron acumulaciones no controladas de materiales estériles sobre el suelo, lo cual ha provocado el sepultamiento de la capa vegetal, potreros y áreas de bosque nativo, con una extensión aproximada afectada de 4,5 hectáreas. También se detectaron derrames de aceites, combustibles y lubricantes directamente sobre el terreno sin ningún tipo de medida de contención o control, lo que agrava aún más el impacto ambiental y la contaminación del suelo.
En materia de seguridad y bienestar social, la CAR encontró que una vivienda ubicada en la misma vereda presenta daños estructurales severos, incluyendo múltiples fracturas y riesgo inminente de colapso. Estas afectaciones fueron causadas por asentamientos diferenciales del terreno derivados de actividades mineras subterráneas no controladas que se realizan justo debajo de la propiedad. Debido a esta situación de riesgo, la corporación recomendó la evacuación inmediata y la demolición de la vivienda para proteger la vida de sus ocupantes.
El director regional de la CAR en Ubaté, Bryan Martínez, hizo un llamado contundente a los titulares mineros para que respeten y cumplan estrictamente las normativas ambientales vigentes, gestionen de forma adecuada sus residuos y operen únicamente dentro del marco legal autorizado. Martínez enfatizó que “desde la CAR reiteramos el llamado a cumplir con las normas para proteger nuestros recursos naturales y evitar sanciones severas”. Los procesos sancionatorios se adelantan bajo los lineamientos de la Ley 1333 de 2009, que regula las infracciones ambientales en Colombia y establece las sanciones correspondientes para quienes incumplen.
En paralelo, la CAR regional Tequendama emprendió acciones preventivas en el municipio de Tena, tras detectar la captación ilegal de agua en el nacedero Mate Guadua, una fuente que abastece el acueducto del corregimiento de Pradilla. Durante una inspección, se encontraron diez mangueras conectadas irregularmente para extraer agua sin los permisos ambientales requeridos, lo que genera desperdicio del recurso hídrico y pone en riesgo la capacidad de suministro para los habitantes de la vereda Guasimal y zonas aledañas.
La directora regional de la CAR Tequendama, Nidia Cruz, resaltó la importancia de respetar las normativas y permisos ambientales para garantizar el equilibrio ecológico y el derecho al agua de la comunidad. Cruz afirmó que “la acción se realiza en ejercicio de la autoridad ambiental y con el compromiso de proteger nuestros recursos naturales, garantizar el equilibrio ecológico y el acceso al agua como un bien público y patrimonio colectivo de todos”.
Estas medidas demuestran el compromiso de la CAR con la protección del medio ambiente y la salvaguarda de los derechos de las comunidades locales, reiterando la necesidad de una minería responsable y regulada que no comprometa los ecosistemas ni la seguridad de la población.
