La decisión del presidente Gustavo Petro de declarar la emergencia económica y social por 30 días ha desatado un fuerte debate jurídico y político en Colombia. El decreto, expedido tras el hundimiento de la reforma tributaria en el Congreso, otorga al Ejecutivo facultades extraordinarias para expedir normas con fuerza de ley en materia económica.

Sin embargo, varios constitucionalistas y líderes políticos han advertido que la medida podría ser inconstitucional, ya que no existirían hechos sobrevinientes que justifiquen un estado de excepción. La senadora Angélica Lozano, por ejemplo, señaló que el presidente “sabe que es improcedente” y que la Corte Constitucional podría tumbar el decreto en su revisión.

La Corte Constitucional ya anunció que evaluará el alcance del decreto y las justificaciones presentadas por el Gobierno. El análisis se centrará en determinar si la crisis alegada cumple con los requisitos legales y si las medidas propuestas, como nuevos impuestos, se ajustan a la Carta Política.

El debate se da en medio de la vacancia judicial, por lo que la Corte estudia si debe asumir de manera anticipada el control de constitucionalidad o esperar al reinicio de sesiones en enero. Mientras tanto, sectores de oposición insisten en que la declaratoria es un intento del Gobierno de legislar sin el Congreso, mientras que defensores de la medida aseguran que es necesaria para garantizar la estabilidad fiscal del país.

La discusión promete convertirse en uno de los temas más relevantes del cierre de 2025, con implicaciones directas en la gobernabilidad y en la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo.