En el marco del Comité Territorial de Justicia Transicional, el gobernador Jorge Emilio Rey reafirmó el compromiso del departamento con la reparación, el retorno seguro y la búsqueda de personas desaparecidas.

Con el objetivo de garantizar los derechos de la población afectada por la violencia, la Gobernación de Cundinamarca celebró la tercera sesión del Comité Territorial de Justicia Transicional, la primera jornada ampliada de 2025. El encuentro, que contó con la presencia de alcaldes y alcaldesas de las diversas provincias, sirvió como escenario para anunciar una inversión histórica y coordinar acciones de seguridad en el territorio.

Para el desarrollo de programas de atención y reparación, la administración departamental, a través de la Secretaría de Gobierno, confirmó una inversión total de $1.724.738.500. Estos recursos están destinados específicamente a las víctimas residentes en el departamento que participan en las distintas convocatorias institucionales y procesos de inclusión social.

Durante la jornada, el gobernador Jorge Emilio Rey Ángel enfatizó que la prioridad de su gobierno es facilitar el regreso de quienes fueron desplazados por la violencia.

“Este es el escenario para que los alcaldes nos transmitan sus preocupaciones sobre seguridad, factores que pueden perjudicar los retornos y reubicaciones de la población víctima, especialmente de aquellos cundinamarqueses que desean volver a las tierras que abandonaron en épocas críticas”, señaló el mandatario.

Además de los temas de seguridad, en la sesión se socializaron tres ejes fundamentales para la reparación integral:

1.    Ruta de retornos y reubicaciones: Protocolos para el acompañamiento a familias desplazadas.

2.    Restitución de tierras: Seguimiento detallado a los fallos judiciales que ordenan la devolución de predios.

3.    Búsqueda de desaparecidos: Avances del Plan Regional de Búsqueda de Personas Desaparecidas.

La magnitud del desafío se refleja en las cifras oficiales. Según el reporte de la Red Nacional de Información (RNI) con corte al 30 de noviembre de 2025, el departamento registra un total de 211.656 víctimas declaradas.

Esta cifra resalta la necesidad de una acción institucional que no solo sea económica, sino articulada entre los municipios y el ente departamental para asegurar que la reparación sea efectiva y sostenible en el tiempo.