La historia de Pilar Navarrete y Gabriel Andrade se entrelazaron por un error que tardó décadas en salir a la luz. Pilar pasó 31 años buscando a su esposo, Héctor Jaime Beltrán, desaparecido tras la toma y retoma del Palacio de Justicia (6–7 de noviembre de 1985). Mientras tanto, la familia de Gabriel lloraba en Barranquilla la tumba donde creían que estaban los restos de su padre. Con el tiempo se descubrió que, por equivocaciones en los procesos de identificación y manejo de cadáveres en medio del conflicto, los restos habían sido entregados a la familia equivocada, símbolo de una larga cadena de fallos institucionales en la investigación y la verdad sobre los hechos del llamado holocausto del Palacio de Justicia.

El texto apunta a dos problemas estructurales que emergen del caso: primero, las deficiencias forenses y administrativas en el manejo de cadáveres y archivos en contextos de violencia, que facilitaron errores de identificación; y segundo, la lentitud y falencias judiciales en proveer respuestas a las víctimas y sus familias, lo que prolongó el sufrimiento y la incertidumbre a lo largo de décadas.

·        El episodio no es solo un error administrativo: revela cómo fallas técnicas (identificación de restos) y políticas (investigación insuficiente, falta de transparencia) pueden multiplicar el daño a las víctimas y ralentizar la justicia transicional.

·        Casos como este alimentan la demanda por mejor ciencia forense, archivos accesibles y protocolos claros para identificación de desaparecidos en escenarios de conflicto. También subrayan la necesidad de mecanismos efectivos de reparación y verdad para las familias.

Pese a avances puntuales en identificación forense y sentencias sobre responsabilidades, persisten vacíos en la investigación general del episodio del Palacio de Justicia y en la garantía de no repetición. Las familias piden claridad, verdad y garantías procesales que eviten que errores de este tipo vuelvan a ocurrir.