En la madrugada del 8 de noviembre de 2025 las autoridades encontraron una volqueta (vehículo de carga) abandonada en el barrio Prados de Alcalá, muy cerca del Batallón Simón/ Gustavo Rojas Pinilla en Tunja (Boyacá). Dentro del vehículo había artefactos explosivos improvisados, informes hablan de varios “cilindros bomba” o tatucos— por lo que equipos antiexplosivos realizaron explosiones controladas y evacuaron barrios aledaños para neutralizar la amenaza sin causar víctimas.

Las autoridades montaron un fuerte operativo: la ciudad quedó acordonada, se hicieron sobrevuelos con helicópteros y drones para vigilancia y se desplegó personal militar y policial de alto nivel (llegó la cúpula militar). La Alcaldía y el Ministerio de Defensa anunciaron recompensas por información (reportes indican montos que van de $100 millones por información local hasta $200 millones para datos que eviten atentados en el país) y se tomaron medidas preventivas adicionales, como ley seca en zonas cercanas y controles estrictos.

Hasta ahora las autoridades informan cero víctimas mortales por el hallazgo y las detonaciones controladas; sí hay registro de daños materiales en la fachada y entornos del batallón por la presencia y manipulación del artefacto, y reportes de gases y escombros en sectores cercanos tras las detonaciones. Las labores de verificación y remoción de restos continuaron durante el día.

Fuentes oficiales y análisis preliminares mencionan el uso de técnicas y artefactos similares a los empleados por disidencias de las FARC y otros grupos armados en episodios recientes (por ejemplo, ataques con cilindros bomba en otras ciudades). Las autoridades investigan responsabilidades, rutas de acceso y si la volqueta tenía origen local o fue colocada por actores con apoyo logístico externo. La presencia del intento en Tunja, una ciudad que no es un foco tradicional de conflicto, elevó la preocupación sobre la extensión de capacidades de grupos armados o células criminales.

El presidente y el ministro de Defensa calificaron la acción como un atentado frustrado y anunciaron medidas de recompensa y mayor vigilancia. Líderes locales y nacionales expresaron condena y pidieron investigación exhaustiva; algunos actores políticos aprovecharon para reclamar cambios en políticas de inteligencia y control de artefactos y drones con fines criminales.