En un país convulsionado por el narcoterrorismo, la guerrilla del M-19 asaltó la sede de la justicia, el Palacio de Justicia en el corazón de Bogotá, marcando el inicio de una tragedia de 28 horas. El asalto, que comenzó a las 11 de la mañana con el asesinato de vigilantes, desencadenó un holocausto que dejó la sede de la Corte Suprema y el Consejo de Estado reducida a escombros.

Cuarenta años después, el expediente del Palacio de Justicia sigue siendo un laberinto de preguntas sin respuesta y heridas abiertas. Cerca de 100 víctimas mortales, 11 de ellas magistrados, y el destino incierto de los desaparecidos históricos (como Carlos Augusto Rodríguez Vera, Irma Franco y Cristina Guarín) mantienen viva la zozobra.

Uno de los capítulos más dolorosos y recientes es la revelación de la identificación errónea de las víctimas. Entre 2015 y 2018, la Fiscalía ordenó la exhumación masiva de restos, desvelando una cadena de errores que multiplicó el dolor de las familias.

• Identificación y Reparación: Los restos de seis de los desaparecidos—Lucy Amparo Oviedo, Luz Mary Portela León, Héctor Jaime Beltrán, Bernardo Beltrán, Gloria Anzola de Lanao y Cristina Guarín—fueron finalmente identificados y devueltos a sus deudos.
• La Revictimización: Simultáneamente, decenas de familias de asesinados se enteraron de que las tumbas que habían honrado por décadas contenían restos ajenos o mezclados. Ejemplos de esta dolorosa realidad incluyen:
• En la tumba de la auxiliar Libia Rincón Mora se hallaron los restos de Luz Mary Portela.
• Los restos de la desaparecida Cristina del Pilar Guarín fueron identificados en el sepulcro de la abogada Marina Isabel Ferrer de Velásquez.
• La tumba del sargento Libardo Durán contenía osamentas de los guerrilleros Noralba García y Alfonso Jacquin. Los restos de Durán fueron hallados como NN en una fosa común.

La búsqueda de los desaparecidos, como la guerrillera Irma Franco (vista salir con vida y desaparecida bajo custodia militar) y el administrador de la cafetería Carlos Augusto Rodríguez, continúa siendo un clamor de verdad y justicia.

La toma y retoma del Palacio de Justicia está plagada de enigmas que la justicia colombiana aún no logra esclarecer por completo:

El Vació de Poder y la Omisión Estatal

Se ha señalado un posible "golpe de Estado transitorio" y un vacío de poder, donde el entonces presidente Belisario Betancur fue "espectador" y las decisiones estuvieron bajo el control de los militares. La decisión de retirar la seguridad policial del Palacio tres días antes del asalto, a pesar de las alertas de inteligencia, facilitó la entrada de la guerrilla y sigue sin una justificación oficial.

La Financiación de Pablo Escobar

Aunque no está probado de forma irrefutable, testimonios como el del sicario 'Popeye' sugieren que el Cartel de Medellín, liderado por Pablo Escobar, financió la toma con el objetivo de presionar a la Corte Suprema que debatía la ley de extradición a EE. UU.

Justicia para los Crímenes de Lesa Humanidad

El proceso judicial ha avanzado en la investigación de torturas a sobrevivientes y el homicidio fuera de combate por parte de la fuerza pública.

• Arias Cabrales: El general (r) Jesús Armando Arias Cabrales, comandante de la retoma, fue condenado por desaparición forzada. Aunque intentó acogerse a la JEP (Jurisdicción Especial para la Paz), fue excluido en 2023 por "no aportar verdad plena".
• Plazas Vega: El coronel (r) Luis Alfonso Plazas Vega, quien encabezó el ingreso de los vehículos blindados, fue absuelto por la Corte Suprema de Justicia en 2015 por las desapariciones forzadas, aduciendo "duda razonable".

La tragedia del Palacio, narrada en directo por la radio en medio de los disparos y el ruego del presidente de la Corte, Alfonso Reyes Echandía, de que "cesen el fuego", es un recordatorio de un día en que la guerra arrasó con la institucionalidad. Cuatro décadas después, Colombia sigue debatiendo cómo nombrar lo ocurrido y quién debe responder.