La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada de Colombia ha expedido una resolución crucial que establece nuevas y estrictas condiciones laborales y de bienestar para los perros que prestan servicios en empresas de seguridad privada, marcando un hito en la protección animal en el país.

La nueva normativa, que reglamenta disposiciones de la Ley 2454 de 2025 o Ley Lorenzo, busca acabar con las jornadas extenuantes y las condiciones inadecuadas que han sido denunciadas, incluyendo trágicos sucesos como la muerte del canino 'Limonar'.

Uno de los cambios más significativos es la limitación clara de las horas de servicio que pueden desempeñar los caninos, con el fin de garantizar su descanso y óptimas condiciones de salud:

• Detección de Sustancias (Narcóticos, Explosivos): Máximo de 6 horas diarias.
• Defensa Controlada o Acompañamiento de Vigilancia: Máximo de 8 horas diarias.

Según explicó Larry Álvarez, superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada, la medida responde a la necesidad de evitar la sobrecarga física, señalando que "antes, se documentaron casos de perros trabajando días enteros sin descanso ni control sanitario adecuado, lo cual la nueva resolución busca corregir".

Para poder utilizar perros de seguridad, las empresas privadas deberán cumplir con un conjunto de exigencias rigurosas, cuya autorización deberá ser renovada anualmente:

• Certificaciones Anuales: Presentar certificados que validen la salud, entrenamiento y aptitud operativa de cada animal.
• Prohibición de Castigos Violentos: La norma prohíbe de forma expresa el uso de métodos de adiestramiento que impliquen dolor o castigo.
• Convenios Veterinarios: Contar con convenios activos con clínicas veterinarias 24/7.
• Pólizas de Responsabilidad Civil: Contratar pólizas que aseguren el bienestar de los animales.
• Registro y Control: Llevar una bitácora de seguimiento y un registro detallado de las horas de servicio de cada perro, los cuales estarán sujetos a inspecciones periódicas y sorpresivas por parte de la Superintendencia.
• Protocolos de Bioseguridad: Implementar normas estrictas para el control sanitario, alimentación y transporte de los caninos.
• Plan de Retiro: Tener un plan para el retiro responsable de los perros y garantizar su bienestar una vez finalicen sus labores de servicio.

La normativa toma el nombre de Ley Lorenzo en honor a otro perro de seguridad que fue víctima de maltrato en 2022. La Ley y la nueva resolución buscan proteger a estos animales sintientes durante su vida útil y asegurarles una jubilación digna.

El superintendente Álvarez enfatizó que, si bien el objetivo a largo plazo es avanzar hacia una sustitución tecnológica de los caninos en la seguridad privada, la prioridad es garantizar condiciones "mínimas y dignas" durante este tránsito.

La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada aclaró que esta resolución aplica exclusivamente a las empresas privadas del sector y no a los perros utilizados por la Policía Nacional o las Fuerzas Militares, los cuales cuentan con programas especializados de bienestar y entrenamiento propios.